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*Posicionamiento del CEIQ ante el uso de agroquímicos*
Ante la realización de una charla que se llevará a cabo en nuestra Facultad
por la empresa MONSANTO, estamos convencidos que como movimiento
estudiantil debemos generar interrogantes y abrir al debate, no sólo desde
una mirada parcial, sino entendiendo la complejidad del sistema en el cual
estamos inmersos como sociedad latinoamericana.
En primer lugar creemos firmemente que este modelo productivo agro
exportador que se lleva a cabo a lo largo y ancho del país, es un modelo
que acrecienta las desigualdades sociales, devastando las áreas de bosques y
pastizales y debilitando las bases de la producción alimentaría de cada país.
Los agros negocios ocupan el territorio y condenan a la población
rural a migrar,
sea a la pobreza de los márgenes de las ciudades o a los trabajos precarios.
Creemos que como futuros profesionales comprometidos con la sociedad
tenemos que replantearnos qué país queremos, porque somos nosotros, los
jóvenes, los que tenemos que empezar a delinear las estrategias para poder
lograr un país con más y mejor educación para todos, con más y mejor
trabajo, en definitiva un país con más inclusión donde la brecha social se
empiece a achicar
El objetivo de esto es generar una conciencia sobre las deudas que como
sociedad tenemos, es en este sentido que como CEIQ queremos hacer un repaso
de las cuestiones a considerar:
No existe una unidad en la opinión e investigaciones respecto del grado de
nocividad de los agroquímicos y su impacto en lo ambiental y en la salud
humana.
Como lo establece el informe de la Universidad Nacional del Litoral (Expte.
nro. 542212), "No existen agroquímicos inocuos" (pág. 143). Ante ello, y
dada los límites de exclusión existentes según la normativa actual,
resulta necesario avanzar en una regulación más protectora de las
poblaciones, la flora y la fauna.
Por otra parte, el CONICET, a través del Consejo Científico
Interdisciplinario (Julio de 2009), en sus conclusiones refiere acerca de
las características actuales del glifosato expresando "que han llevado al
uso masivo y generalizado de este herbecida, tanto en sistemas
productivos, como en otros usos a nivel mundial". Abundando en que: "Esto
requiere de una evaluación constante de sus potenciales efectos nocivos
sobre la salud y el medio ambiente". (pág. 127).
Al tiempo de la sanción de la ley 11.273, el 26 de octubre de 1995, no
existía en la magnitud actual la explotación intensiva de determinados
cultivos. La producción agrícola-ganadera en Argentina se presentaba más
equilibrada.
Con la aparición de la siembra directa, las condiciones favorables de
nuestro suelo, las ventajas económicas de cara al mercado internacional
que ofrecían y ofrecen los diferentes cultivos, se produjo un vuelco
significativo hacia la soja, sustentado en: la siembra directa, la semilla
transgénica y la utilización del glifosato.
Debemos tener en cuenta el contexto mundial en donde se halla la Argentina.
Nos encontramos inmersos en un sistema capitalista que privilegia la
competitividad por sobre los beneficios colectivos, generando un esquema
injusto para los países periféricos. De esta manera se profundizan grandes
crisis sociales y económicas en los diferentes países.
Es así que debemos poner en debate nuestra matriz productiva y la
sensibilidad que poseemos ante los mercados internacionales. Ejemplo de
esto es la crisis del 2001, que como país pudimos superarla gracias a la
coyuntura de las demandas internacionales que favorecieron la exportación
de soja con altas tasas de ganancias, así se evidencia que el debate que
nos debemos es mucho más profundo; ya sea sobre el sistema productivo
nacional, regulaciones fitosanitarias, investigación sobre nuevas
alternativas comerciales y de cultivo que disminuyan el impacto ambiental y
de la salud humana.
Esto no se logra solamente con plasmar en el texto de una ley un nivel de
exclusión mayor al existente. Esto implica que se asuman responsabilidades
centrales por el estado en todos sus niveles, haciéndose cargo de un sin
número de acciones que van desde las llamadas buenas prácticas (sentido
del viento, disponer correctamente los residuos de los productos, entre
otros), la participación de los municipios y las comunas -dictando sus
ordenanzas locales y controles-, la participación de organizaciones de la
sociedad civil (ONGs; Colegios Profesionales; instituciones vinculadas a
la actividad agrícola, consejos regionales, etc.), el establecimiento de
cortinas ecológicas, hasta el control, la fiscalización, la
concientización y capacitación permanente de todos los actores.
Como futuros profesionales debemos asumir estos debates y no ignorar la
cuota de responsabilidad que como comunidad nos toca a cada uno de nosotros
en la resolución de estos paradigmas.
*Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Química*