Nada de esto busca el oficialismo que sólo persigue la posibilidad de apropiarse del único Poder del Estado que no le es enteramente cómplice. No busca eliminar la lógica corporativa, sino por el contrario, busca ensanchar su propia corporación, poniendo en juego así el gobierno republicano, manteniendo el armazón burocrático alejado de la sociedad en que se han convertido los tribunales de nuestro país pero ahora para su propio provecho, es decir, para perpetuarse en el poder con la mayor impunidad posible. 

Lejos de alcanzar una verdadera democratización, este conjunto de proyectos ensancha la brecha entre la Justicia y quienes no acceden a ella, mediante trabas a las cautelares contra el Estado que ponen a éste en una situación ventajosa, cuando en realidad tales medidas fueron pensadas para beneficiar a los ciudadanos más débiles, o la instauración de nuevas instancias judiciales que termina por forzar a los pobres a negociar el juicio en una situación desventajosa, ya que soportar un proceso que se extiende indefinidamente en el tiempo es algo que sólo aquéllos con cierto poder adquisitivo pueden hacer.