Servicios públicos, derechos y la disputa por una sociedad justa
Las condiciones básicas de una buena vida en estos tiempos requieren de una infraestructura de servicios públicos regulada por el Estado. Una sociedad democrática debe organizar de manera igualitaria el acceso a los mismos y desarrollar y explorar tecnologías que lo permitan. La Docencia universitaria y preuniversitaria se ve interpelada fuertemente por esta problemática. Por un lado, por las condiciones propias de su trabajo que tienen que con la producción de conocimiento socio-técnico para afrontar la cuestión y de consideraciones dirigidas a despertar una racionalidad y una sensibilidad acerca de las posibilidades de una buena sociedad. Por otro, por su condición de pertenencia a los asalariados que luchan por conseguir mejores condiciones de vida a partir de ese trabajo.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un sentido de lo que está en juego cuando no se accede al agua potable, a la energía eléctrica, al gas, al transporte, etcétera, y de qué modo esta situación afecta la sociedad de la que es parte. Cómo - ya sea porque la infraestructura es inexistente o porque la existente es inaccesible por su costo o como resultado de una distribución desigual del ingreso - el acceso desigual a estos servicios estructura su sociedad.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un pensamiento de las consecuencias que tendría para el funcionamiento social si rigiera el principio político que sostiene que cada uno debe arreglárselas como puede en el acceso a los servicios públicos. También, lo estaría a explorar qué ocurriría si el acceso (y en qué medida) a los servicios públicos insumiera gran parte de los ingresos de la mayoría a tal punto de que compitiera con el acceso a los alimentos, a la vivienda, a la salud, o a la educación.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un pensamiento acerca de las condiciones en las que las infraestructuras tecnológicas de los servicios públicos se orientan a garantizar una vida sustentable, en un marco de política científica y tecnológica que busque soberanía y autonomía tecnológica
Pensar en estas dimensiones permite evaluar los proyectos políticos en disputa y despejar un espacio imaginativo que oriente la construcción de una buena sociedad.
El actual gobierno nacional planteó un proyecto político de acceso a los servicios públicos que se expresa inicialmente a partir de un nuevo esquema tarifario, que altera profundamente las condiciones de igualdad en el acceso a los servicios públicos y establece los fundamentos jurídico-económicos que recortan derechos a la ciudadanía y favorecen al capital. Se plantea pues una disputa política fundamental que en el corto plazo afecta nuestros intereses sectoriales pero que como cuestión de fondo implica un recorte de derechos a la ciudadanía toda. Del mismo modo en que actuamos con inteligencia y urgencia en defensa de la universidad y la educación pública tenemos que actuar en la esfera pública para impedir que este proyecto político sobre el acceso a los servicios públicos se consolide porque la buena vida no se negocia y porque una vez perdidos los derechos es más difícil recuperarlos.
La docencia universitaria y preuniversitaria tiene pues que estar de pie. Es un deber cívico. Las condiciones de solidaridad con los sectores vulnerados por estas políticas desplegadas por el actual gobierno nacional es lo único que permitirá consolidar los derechos conquistados y avanzar en los que faltan.
Oscar Vallejos Mariana Carminatti
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