Reforma
policial
Binder: la reforma en la justicia penal es un “proceso en marcha”
El
prestigioso procesalista argentino disertó en la UNL
sobre los profundos cambios que se están produciendo en las últimas décadas y
que abarcan desde México hasta Argentina.
En
el marco de las jornadas de Reforma Policial que organizó la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), disertó el abogado Alberto Binder. “Reforma de la Justicia Penal en
América Latina” fue el tema eje de su charla que se realizó el jueves 12 de
junio en el Aula Mariano Moreno de esa facultad.
Binder
indicó que en América Latina en los últimos años existe “un proceso en marcha”
en cuanto a las reformas penales, similar al que se está produciendo en la
provincia de Santa Fe. “Desde febrero, en Santa Fe se incorpora todo este cambio
que se da también desde México hasta la Patagonia. Vemos como un hecho que son
procesos vinculados a los procesos de democratización que se dieron luego de las
dictaduras, de las guerras civiles internas y los procesos de pacificación”,
destacó.
Según
el especialista, ese cambio se encontró con una falta de instrumentos necesarios
para enfrentar la criminalidad dentro de un contexto democrático. “Había que
comenzar a trabajar sobre la justicia penal, lo que implicaba enfrentarse con un
bloque que nosotros llamábamos ‘El Sistema Inquisitorial’, cuya investigación
estaba en manos de algunos jueces y por debajo de ellos se movía un mundo
policial autónomo. Ese era el sistema que tenía América Latina y que, de hecho,
es el sistema del cual todavía no hemos podido salir y que es imposible de
sostener para investigar los delitos”, acotó.
En
este sentido, Binder indicó que hacía falta crear un nuevo “sujeto
institucional” que hace 25 años prácticamente no existía como tal en América
Latina: el Ministerio Público Fiscal, que en realidad estaba institucionalizado
en muchos países, pero que no cumplía funciones relevantes. “Se trata del
conjunto de los fiscales que nace para poder reorganizar el tema de la
investigación de los delitos, que se logra con el rediseño de los códigos
procesales penales, donde el juez sólo juzgue el caso”,
recordó.
Disputas
Sumado
a ese cambio de actores surgen posiciones adversas sobre la eficacia del sistema
penal: “Por un lado, están los que creen que la justicia penal siempre será un
maquinaria de atacar sectores vulnerables y que, por lo tanto, no tiene ningún
sentido dar pelea. Por otro lado, estamos los que creemos que se trata de una
empresa difícil, pero que siempre hay una chance de pelea política dentro de la
Justicia. Para entender el proceso de reforma de la justicia penal hay que tener
la mirada sobre el Ministerio Público Fiscal y qué tipos de disputas hay
alrededor de él en la posibilidad de reconfigurar o no la política criminal de
un país o de una sociedad”, continuó Binder.
Asimismo,
indicó que en manos del Ministerio Público Fiscal se encuentra una determinada
política de persecución penal, es decir, de los delitos que son prioridad
atender, que a pesar de que pasaron 25 años de reformas “no está dando
resultado” en América Latina.
Por
otra parte, explicó que la organización de los recursos que se necesitan para
que el Ministerio Público Fiscal funcione adecuadamente es algo sumamente
complejo, porque también interviene el Sistema de Investigación de Delitos,
cuyos actores, segmentos del Estado como las unidades de información financiera,
de investigación sobre drogas, entre otros, hoy funcionan de modo descoordinado.
“Cuesta organizarlos porque toca privilegios”, lamentó.
Relación
con las víctimas
Una
segunda línea de comprensión de los problemas de la implementación de los
cambios tiene que ver con todo un mundo de relacionamiento con las víctimas,
prosiguió Binder. “¿Cómo construimos herramientas que sean democráticas y
respetuosas de las libertades públicas, pero que sean eficaces para enfrentar el
problema de la criminalidad y las víctimas?”, cuestionó.
El
especialista explicó al respecto que en el trabajo del Ministerio Público Fiscal
con las víctimas surgió el problema del tratamiento del llamado “dolor social” y
la emergencia de entes como los centros de atención a la víctima para
gestionarlo, pero que sólo tenía que ver con un acompañamiento a mujeres y
menores víctimas de delitos sexuales. “Luego se entendió que ese primer modelo
no era suficiente y coincidió con el surgimiento de un fenómeno muy fuerte que
obligó a cambiar la visión de la víctima: el fenómeno de la violencia doméstica,
que sacó a las oficinas de asistencia de ese arrinconamiento institucional en
que se encontraba, porque la violencia doméstica comienza a tener un carácter
masivo al afectar a sectores más amplios”, destacó Binder y añadió que como
consecuencia el Ministerio Público Fiscal debió encarar relaciones más estrechas
con las víctimas.
Las
penas en libertad
Binder
planteó también que otro de los inconvenientes de los nuevos vientos de cambio
fueron los relacionados con las penas en libertad, penas alternativas que se
canalizan por medio de nuevos códigos procesales e instituciones. “Al mejor
instrumento que tiene la justicia penal, ella misma se encargó de hacerle perder
significado social, simbólico”, manifestó.
“El
nuevo sistema de penas en libertad debe ser una respuesta más flexible al
problema de las sanciones y las responsabilidades”,
reflexionó.
Los
jueces
Al
mismo tiempo, citó que otro de los problemas con los que se encontró la reforma
de la justicia penal en América Latina fue el del nombramiento de nuevos jueces
luego de las dictaduras que padecieron los distintos países. “Los jueces habían
tenido grandes compromisos con el aparato del terrorismo de Estado. De
inmediato, surge la pregunta de cómo dotar a la democracia de nuevos
magistrados”, enfatizó.
Fue
un gran debate que tuvo dos respuestas, de acuerdo con el letrado: “una, que
había que echar a todos los jueces; la otra, que había que cambiar el sistema de
nombramientos, que desencadenó todo un movimiento de generación de consejos de
magistraturas en Latinoamérica”.
“A
la vez, costaba liberar a los jueces de la carga burocrático administrativa.
Surgía también la discusión de cómo generar un modelo organizacional para que el
juez no tenga que hacer otra cosa que estar en la sala de audiencia. Esto, que
parecía un reforma menor, tenía un impacto inmenso en la cultura judicial que
todavía se está jugando, porque empieza a requerir otro tipo de juez, de
fundamentación de estilo oral, donde se lo ve haciendo su fundamentación”,
expuso.
Binder
dijo que este último problema dejó en evidencia que no es posible tener jueces
independientes sometidos a modelos de organización inquisitorial. “No es sólo un
problema de la justicia penal, pero que sí se evidencia en ella, porque está
sometida a un cruce de fuego más fuerte y de legitimidad social más elevado”,
finalizó.
Sobre
Binder
Alberto
Binder es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctor en
Derecho; miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de
Seguridad y Democracia; fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Sociales, Penales y Sociales (Inecip); asesor técnico en
los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay,
Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y
otros países de América Latina.
También asesoró a la provincia de Santa Fe en el tema de la reforma policial y participó del programa Vínculos, también de la provincia.