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Servicios públicos, derechos y la disputa por una sociedad justa
Las condiciones básicas de una buena vida en estos tiempos requieren de una
infraestructura de servicios públicos regulada por el Estado. Una sociedad
democrática debe organizar de manera igualitaria el acceso a los mismos y
desarrollar y explorar tecnologías que lo permitan. La Docencia
universitaria y preuniversitaria se ve interpelada fuertemente por esta
problemática. Por un lado, por las condiciones propias de su trabajo que
tienen que con la producción de conocimiento socio-técnico para afrontar la
cuestión y de consideraciones dirigidas a despertar una racionalidad y una
sensibilidad acerca de las posibilidades de una buena sociedad. Por otro,
por su condición de pertenencia a los asalariados que luchan por conseguir
mejores condiciones de vida a partir de ese trabajo.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un sentido de lo que está
en juego cuando no se accede al agua potable, a la energía eléctrica, al
gas, al transporte, etcétera, y de qué modo esta situación afecta la
sociedad de la que es parte. Cómo - ya sea porque la infraestructura es
inexistente o porque la existente es inaccesible por su costo o como
resultado de una distribución desigual del ingreso - el acceso desigual a
estos servicios estructura su sociedad.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un pensamiento de las
consecuencias que tendría para el funcionamiento social si rigiera el
principio político que sostiene que cada uno debe arreglárselas como puede
en el acceso a los servicios públicos. También, lo estaría a explorar qué
ocurriría si el acceso (y en qué medida) a los servicios públicos insumiera
gran parte de los ingresos de la mayoría a tal punto de que compitiera con
el acceso a los alimentos, a la vivienda, a la salud, o a la educación.
La ciudadanía está exigida a cultivar activamente un pensamiento acerca de
las condiciones en las que las infraestructuras tecnológicas de los
servicios públicos se orientan a garantizar una vida sustentable, en un
marco de política científica y tecnológica que busque soberanía y autonomía
tecnológica
Pensar en estas dimensiones permite evaluar los proyectos políticos en
disputa y despejar un espacio imaginativo que oriente la construcción de
una buena sociedad.
El actual gobierno nacional planteó un proyecto político de acceso a los
servicios públicos que se expresa inicialmente a partir de un nuevo esquema
tarifario, que altera profundamente las condiciones de igualdad en el
acceso a los servicios públicos y establece los fundamentos
jurídico-económicos que recortan derechos a la ciudadanía y favorecen al
capital. Se plantea pues una disputa política fundamental que en el corto
plazo afecta nuestros intereses sectoriales pero que como cuestión de fondo
implica un recorte de derechos a la ciudadanía toda. Del mismo modo en que
actuamos con inteligencia y urgencia en defensa de la universidad y la
educación pública tenemos que actuar en la esfera pública para impedir que
este proyecto político sobre el acceso a los servicios públicos se
consolide porque la buena vida no se negocia y porque una vez perdidos los
derechos es más difícil recuperarlos.
La docencia universitaria y preuniversitaria tiene pues que estar de pie.
Es un deber cívico. Las condiciones de solidaridad con los sectores
vulnerados por estas políticas desplegadas por el actual gobierno nacional
es lo único que permitirá consolidar los derechos conquistados y avanzar en
los que faltan.
Oscar Vallejos Mariana
Carminatti
Secretario Adjunto Secretaria General
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