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Ante el veto
El Consejo Superior adhirió a la marcha federal e instó
al Congreso a defender la educación pública
/Entre los considerandos de la resoluci//ón// //aprobada
esta tarde, //sostienen que el veto “constituye un acto de absoluta
irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la
universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro
de la Nación”.// Asimismo/,/ el cuerpo //exhort//ó //al Congreso a
sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026.// /
Ante veto del Presidente de la Nación a la Ley de
Financiamiento Universitario (Ley 27.795) dispuesto en el día de ayer,
el Consejo Superior de la UN aprobó esta tarde una resolución que
adhiere a la Marcha Federal impulsada por el Consejo
Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades
Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La marcha está prevista para coincidir con el tratamiento
en el Congreso del rechazo al veto presidencial, y convoca a toda la
ciudadanía a acompañar el legítimo reclamo bajo el lema: “La educación
no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un
futuro sustentable”.
En su artículo 2, la resolución aprobada insta al
Congreso a que “defienda la educación pública, las paritarias de los
trabajadores universitarios y las becas para los estudiantes,
exigiendo que se revierta este veto injusto e irresponsable”.
Por último, en su artículo 3 exhorta al Congreso a
sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026, “condición
imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento
pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples
actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el
país”.
FUNDAMENTOS
El contundente texto aprobado por unanimidad en la sesión
de esta tarde recuerda entre sus fundamentos que la ley en cuestión
“fue debatida, votada y sancionada por el Congreso de la Nación con el
objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública”.
Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto
dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una
gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una Ley
de Presupuesto Nacional, “constituye un acto de absoluta
irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la
universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro
de la Nación” y que sin presupuesto, “no hay plan, no hay
previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una
decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste
discrecional”.
Por último, el cuerpo expresó que el veto deja en claro
cuáles son las prioridades del gobierno nacional: “Negar la
recomposición salarial que termine con la pérdida del poder
adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de
becas estudiantiles como el Progresar y Manuel Belgrano y frenar la
inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria”.
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