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Interés social
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se abocará al
estudio de la EPE en defensa de los derechos del consumidor
/Municipios, comunas y vecinos de la provincia de Santa
Fe solicitaron asesoramiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. A través de su Clínica Jurídica de Interés Público, se
trabajará sobre posibles violaciones a los derechos de los
consumidores del servicio de energía pública provisto por la EPE./
A través de un pedido formal, enviado al decano Javier
Aga, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL
estudiará los derechos de los usuarios de energía eléctrica, que
podrían estar siendo vulnerados o puestos en riesgo por la Empresa
Provincial de la Energía (EPE).
En una nota donde se manifiesta la preocupación por la actuación de la
EPE como distribuidora, proveedora y prestataria del servicio de
energía pública, distintas instituciones solicitan a la FCJS el
estudio del caso, a través de su Clínica Jurídica de Interés Público,
para tratar de detectar “una serie de situaciones y conductas que se
encuentran reñidas con los derechos fundamentales de los consumidores”.
El pedido cuenta con la firma y adhesión de los municipios de
Armstrong y Florencia; de los presidentes comunales de Nelson, San
Agustín, Llambi Campbell y Monte Vera; y de concejales de Rincón,
Recreo, Esperanza, Avellaneda, Reconquista, Malabrigo, Las Toscas,
Arroyo Seco y Villa Ocampo.
Con el objetivo de brindar detalles acerca de la iniciativa,
autoridades de la FCJS ofrecerán una rueda de prensa este martes, a
las 11, en el Decanato de la institución ubicada en
Cándido Pujato 2751 (1º piso).
SOBRE EL RECLAMO
En la nota recibida, se señalan situaciones de posibles violaciones a
los derechos de los consumidores por parte de la EPE y “una serie de
prácticas consolidadas que afectan de manera permanente a los
usuarios”, entre las que se destacan:
* No adecuación del accionar de la Empresa a premisas
básicas constitucionales como la falta de información y transparencia.
* Falta de lectura concreta y efectiva de medidores.
* Estimaciones arbitrarias.
* Traslados de costos a la factura que resultan improcedentes.
* Tarifas estimatorias por servicios que no respetan
la realidad del consumo efectivo.
* Falta de realización de audiencias públicas para
todos los aumentos y cambios en las tarifas.
* Facturación bimestral que incide en costo impositivo
final del servicio.
De esta manera, y entendiendo que la FCJS cuenta con “la
especialización y capacidad de los recursos humanos y la experiencia
acumulada en materia de Clínica Jurídica de Interés Público”, los
firmantes solicitaron su intervención en el caso.
EL TRABAJO DE LA CLíNICA
La Clínica Jurídica de Interés Público de la FCJS, creada en 2006, es
un instituto que trabaja sobre la utilización del método clínico,
entendido como un plan diferente de enseñanza que utiliza el
tratamiento de casos reales y su resolución como estrategia de
incorporación de conocimientos.
Los casos que se tratan en este espacio son aquellos que trascienden
el interés individual de las partes intervinientes, utilizando
herramientas jurídicas como elemento de transformación social.
La Clínica tiene como finalidad generar espacios que permitan aportar
herramientas para la consolidación del Estado democrático de derecho,
tendiendo a la incorporación de mecanismos de promoción de las causas
de interés público y de esa manera incidir en los cambios sociales y
promover reformas legales progresistas.
En tal sentido, es importante señalar los casos trabajados
anteriormente por la Clínica: el cierre del basurero a cielo abierto
en el barrio de Alto Verde (2007); el cumplimiento del protocolo de
prevención y atención a los niños y/o adolescentes con problemas de
adicciones en la provincia de Entre Ríos; y el caso de los
consumidores bancarios ante la excesiva demora de atención de los
usuario y consumidores en la ciudad de Santa Fe (2012).
En esta ocasión puntual, se evaluará la presente petición, analizando
si se ven vulnerados los derechos constitucionales y normativos; y
finalmente se elaborará un dictamen que determinará las estrategias a
seguir, tanto en sede extrajudicial como en sede judicial propiamente
dicha.
La coordinación general estará a cargo del profesor Carlos Alberto Reyna.
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