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Estimado/a Profesor/a de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional del Litoral
PRESENTE
Me dirijo a usted a los fines de informar acerca del conflicto
salarial docente que se debate actualmente, pero que no es nuevo sino
que se viene planteando desde hace varias décadas en nuestro país.
Convencidos de nuestro rol y responsabilidad institucional, resulta
prudente aportar claridad al debate ante la circulación de información
que no se condice con datos oficiales y ni mucho menos con la realidad
de todos los días en nuestra Universidad.
En el día de ayer (jueves 23 de agosto de 2018) el Consejo Superior de
la UNL aprobó una declaración que reafirma una vez más, nuestra
histórica lucha por la defensa de la Universidad Pública.
Cabe recordar que nuestra Casa de Estudios lo hizo en los difíciles
años ochenta, en los conservadores años noventa y en especial, en esta
última década de manifiesta discriminación en la distribución de las
partidas presupuestarias que padeció la UNL.
Carece de veracidad sostener que no están garantizadas las condiciones
para sostener las actividades básicas de la universidad durante el
segundo cuatrimestre.
En la UNL en general y en particular en nuestro ámbito, desde el
inicio del año académico se vienen desarrollando normalmente las
actividades sustantivas universitarias, tanto en docencia, como
investigación y extensión; también se están llevando a cabo concursos
docentes, concursos no docentes; asimismo el comedor universitario
asiste diariamente a 250 estudiantes, se destacan también la
concreción de actividades culturales, deportivas, puesta en marcha del
calendario de grado y de posgrado que funcionan como siempre lo
hicieron aún en momentos de mayor crisis económica del país, en tanto
y cuanto los actores involucrados decidan que así suceda.
En esta Facultad Reformista y Democrática, siempre se ha garantizado
el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de huelga pero
también el derecho de trabajar, de enseñar y aprender.
Igualmente resulta inexacto afirmar que se haya recortado el
presupuesto universitario.
En efecto, las cifras oficiales indican que en año 2015 el presupuesto
universitario era de 51 mil millones de pesos; en el año 2018 el
presupuesto universitario asciende a 103 mil millones de pesos
constituyendo el 96% de lo solicitado por los rectores como nunca
antes había sucedido. En el año 2017 el aumento presupuestario fue del
44% con una inflación del 25,6%; y en el período comprendido 2016-2018
el aumento presupuestario fue del 104% con una inflación del 95,2%.
Lo que sí es cierto, es que la educación pública en general y el
sistema universitario en particular, deberían ser temas centrales en
la agenda política del país, como verdadero plan estratégico para
combatir las profundas desigualdades sociales y aportar al desarrollo
sustentable.
Reiteramos, es un conflicto salarial docente, y como tal, apelamos al
mejor entendimiento y diálogo de las partes para que no se vea
afectado el cursado y la toma de exámenes de los estudiantes; pero
fundamentalmente instamos a toda la comunidad universitaria a un
debate profundo, sincero y propositivo de ideas acerca del rol de la
educación de calidad, la ciencia y la tecnología para el bienestar de
todos los argentinos.
Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo.
Prof. Abog. Javier Francisco Aga
Decano FCJS - UNL