Estimado/a Profesor/a de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral PRESENTE Me dirijo a usted a los fines de informar acerca del conflicto salarial docente que se debate actualmente, pero que no es nuevo sino que se viene planteando desde hace varias décadas en nuestro país. Convencidos de nuestro rol y responsabilidad institucional, resulta prudente aportar claridad al debate ante la circulación de información que no se condice con datos oficiales y ni mucho menos con la realidad de todos los días en nuestra Universidad. En el día de ayer (jueves 23 de agosto de 2018) el Consejo Superior de la UNL aprobó una declaración que reafirma una vez más, nuestra histórica lucha por la defensa de la Universidad Pública. Cabe recordar que nuestra Casa de Estudios lo hizo en los difíciles años ochenta, en los conservadores años noventa y en especial, en esta última década de manifiesta discriminación en la distribución de las partidas presupuestarias que padeció la UNL. Carece de veracidad sostener que no están garantizadas las condiciones para sostener las actividades básicas de la universidad durante el segundo cuatrimestre. En la UNL en general y en particular en nuestro ámbito, desde el inicio del año académico se vienen desarrollando normalmente las actividades sustantivas universitarias, tanto en docencia, como investigación y extensión; también se están llevando a cabo concursos docentes, concursos no docentes; asimismo el comedor universitario asiste diariamente a 250 estudiantes, se destacan también la concreción de actividades culturales, deportivas, puesta en marcha del calendario de grado y de posgrado que funcionan como siempre lo hicieron aún en momentos de mayor crisis económica del país, en tanto y cuanto los actores involucrados decidan que así suceda. En esta Facultad Reformista y Democrática, siempre se ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de huelga pero también el derecho de trabajar, de enseñar y aprender. Igualmente resulta inexacto afirmar que se haya recortado el presupuesto universitario. En efecto, las cifras oficiales indican que en año 2015 el presupuesto universitario era de 51 mil millones de pesos; en el año 2018 el presupuesto universitario asciende a 103 mil millones de pesos constituyendo el 96% de lo solicitado por los rectores como nunca antes había sucedido. En el año 2017 el aumento presupuestario fue del 44% con una inflación del 25,6%; y en el período comprendido 2016-2018 el aumento presupuestario fue del 104% con una inflación del 95,2%. Lo que sí es cierto, es que la educación pública en general y el sistema universitario en particular, deberían ser temas centrales en la agenda política del país, como verdadero plan estratégico para combatir las profundas desigualdades sociales y aportar al desarrollo sustentable. Reiteramos, es un conflicto salarial docente, y como tal, apelamos al mejor entendimiento y diálogo de las partes para que no se vea afectado el cursado y la toma de exámenes de los estudiantes; pero fundamentalmente instamos a toda la comunidad universitaria a un debate profundo, sincero y propositivo de ideas acerca del rol de la educación de calidad, la ciencia y la tecnología para el bienestar de todos los argentinos. Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo. Prof. Abog. Javier Francisco Aga Decano FCJS - UNL