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Investigación
Se presentó el primer informe sobre la Reforma de la Justicia Penal
*Fue realizado por el Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal de
la FCJS. En este primer informe se exponen las opiniones de los defensores
públicos del centro y norte de la provincia de Santa Fe.*
El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), presentó su primer informe denominado “La reforma de la justicia
penal. Las voces de los defensores públicos”, producto de una de las líneas
de trabajo que el Observatorio se dio desde septiembre de 2014, a partir de
la configuración de su equipo de trabajo.
En este primer documento, se llevó adelante una serie de entrevistas
semiestructuradas con los defensores públicos del centro y el norte de la
provincia de Santa Fe (de las ciudades de Reconquista, Vera, San Cristóbal,
San Jorge, Rafaela y Santa Fe), siendo esta el área geográfica que el
Observatorio pretende abracar con sus diversas iniciativas de investigación.
A partir del diseño de un cuestionario sobre el proceso de implementación
de la reforma de la justicia penal, la conformación del servicio de la
defensa pública, las prácticas cotidianas de los defensores públicos y los
problemas y obstáculos que enfrentan así como sobre percepciones y
valoraciones más generales acerca de la cuestión criminal, el Informe
presenta los principales datos empíricos producidos de acuerdo a las voces
de los defensores públicos, rescatando, simultáneamente, sus consensos y
disensos.
*Percepciones y funcionamiento*
El documento se estructura en dos partes: la primera aborda las
percepciones y opiniones sobre el proceso de implementación de la reforma
de la justicia penal y la conformación y funcionamiento del Servicio de la
Defensa Pública, que es una institución que nació del proceso de la
Reforma. “El servicio público de defensa tiene, en términos normativos, una
cierta autonomía con respecto al resto de las jurisdicciones de la Justicia
Penal y trata de brindarle la posibilidad a todos los ciudadanos de que se
vean defendidos en un proceso penal en forma adecuada por un abogado pagado
por el Estado, que es el defensor público. Como tal es una institución de
la cual los propios defensores que trabajan en ella valoran, en este
Informe, que viene funcionando positivamente, y creen que el proceso de
constitución tanto en el plano normativo como organizativo ha sido el
adecuado. Consideran, a su vez, que se está produciendo hoy un servicio de
la defensa pública que es cualitativamente mejor que el servicio público
que se ofrecía en la vieja justicia penal, pero por supuesto que también
destacan algunos problemas hacia el interior de ésta como la ausencia de
ciertos recursos humanos y materiales, la necesidad de contar con mejor
infraestructura que facilite el acceso por parte de los ciudadanos y de
tener mayor oferta de capacitación forjada al interior del servicio público
de la defensa en cuanto a aspectos cruciales sobre la reforma de la
justicia penal”, explicó el director del Observatorio, Máximo Sozzo.
En cuanto a la segunda parte de este primer Informe, se presenta una mirada
más detallada acerca de cómo está funcionando la nueva justicia penal a
través de las experiencias, percepciones y opiniones sobre las prácticas
cotidianas. “Aquí aparecen visiones por parte de los defensores públicos
que no siempre son homogéneas, y nos encontramos con miradas muy críticas
sobre aspectos que son importantes. Un ejemplo está dado por el problema de
la prisión preventiva, que se trata de una medida cautelar al interior del
proceso penal, que se debería utilizar excepcionalmente. En este caso, en
el Informe, los defensores sostienen que hoy, en la provincia de Santa Fe,
se está usando más de lo que se debería y que en general los fiscales piden
prisión preventiva de forma muy automática sin necesariamente poder
justificarla. Y si bien consideran, muchos de ellos, que son exitosos en
tratar de evitar el abuso del uso de la prisión preventiva, coinciden en
que se trata de un problema del nuevo proceso penal que en realidad
reflejaría las viejas prácticas de la justicia penal precedente”, amplió
Sozzo.
Con respecto a la producción de informes que tiene previsto desarrollar el
Observatorio, su director explicó que “uno de los déficits de los procesos
de reforma en la justicia penal en América Latina ha sido justamente la
producción de información y esto se ha traducido en muchos planos, pero uno
que es muy llamativo en el caso de la provincia de Santa Fe es la ausencia
de diagnósticos. O sea, se producen procesos de reforma guiados por ciertos
principios, ciertas reglas acerca de lo que debe ser, pero esos procesos de
reforma no tienen como punto de partida un diagnóstico acerca de cómo
funcionaba la vieja justicia penal. De hecho hoy, en nuestra provincia, no
podemos hacer cosas que serían elementales para evaluar un proceso de
reforma como lo es comparar cómo funcionaba el último año de la vieja
justicia penal con el primero de la nueva porque carecemos del diagnóstico
previo que se debería haber hecho”.
Por su parte, el rector de la UNL, Albor Cantard remarcó que “el objetivo
de este Informe era tratar de suplir una falencia que la mayoría de los
sistemas penales tiene en la región: no contar con información válida y
confiable, y en este sentido creo que a través del trabajo de nuestros
docentes e investigadores esto se garantiza en gran medida. Cuando la
Universidad se involucra en temas que son de interés público, lo hace con
el personal más capacitado como es en este caso, y estamos seguros que el
producto del trabajo va a ser de mucha utilidad”.
De esta manera, el Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal
continuará avanzando en esta dirección y en la elaboración de los próximos
informes que darán cuenta de las perspectivas de fiscales y jueces penales.
*Sobre el Observatorio *En julio de 2014, la FCJS crea el primer
Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el principal
objetivo de producir información válida y confiable acerca del proceso de
implementación de la Justicia Penal Reformada, para contribuir a su
monitoreo y evaluación.
A partir de esto, el Observatorio se propone generar un aporte a la
construcción de un debate público fundado en el sector de las políticas de
control del delito, a través de informes que suplan la insuficiencia de
información veraz acerca del funcionamiento de estos nuevos dispositivos y
lógicas en la región.
*Foto*
http://www.unl.edu.ar/medios/news/download/11057
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